El Archivo General de la Nación
El 13 de junio pasado se publicó en el Boletín Oficial una resolución del ministro del Interior disponiendo que se realice un proceso formal de selección de nuevo director para el Archivo General de la Nación. La iniciativa no podría ser más oportuna, ya que la institución y sus fondos documentales se encuentran en un estado de intenso deterioro, tanto por el asombroso desmanejo a que fue sometida por los sucesivos gobiernos a lo largo de los últimos años (que incluyó actos de flagrante corrupción, como el hurto de piezas que, en algún caso, tuvieron que ser devueltas), cuanto por lo inadecuado de su edificio, lo obsoleto de sus métodos de preservación y registro de documentos y la abismal carencia de recursos técnicos y de personal calificado. Debe aplaudirse, pues, el anuncio de que se buscaría designar a un funcionario con las necesarias calificaciones al frente del Archivo. O, por lo menos, eso es lo que se puede suponer, ya que la resolución ministerial no explica los criterios de selección, los que, en toda lógica, se harán conocer por un instrumento posterior que ponga concretamente en marcha el proceso. En esto, sin embargo, se pueden encontrar algunas dificultades.
Un riesgo que conviene señalar y que el gobierno haría bien en evitar, contrariamente a lo que, por lo común –aunque con alguna excepción–, hicieron sus antecesores, es la politización del nombramiento, es decir, hacer prevalecer la militancia partidaria o la ideología política por sobre la idoneidad y las calificaciones específicas. Ello es doblemente importante en una institución que requiere una reforma profunda y que carece de suficientes funcionarios estables con conocimientos técnicos modernos y dominio de la gestión. La contracara de lo dicho es la necesidad de buscar a una persona que tenga esos atributos: conozca cómo operan los archivos actuales, esté al tanto de los progresos en materia de conservación, catalogación y servicio al público, y tenga la capacidad de encabezar una institución de cierta complejidad en un momento en el que se requiere emprender reformas importantes.
Hablar de reformas importantes no es un mero giro retórico. El Archivo está alojado desde 1940 en un edificio (Leandro Alem 246) que se construyó para banco (Deutsche Überseeische Bank) a comienzos del siglo XX, y que fue expropiado durante la guerra como propiedad enemiga. Además de estar colmado, no reúne las condiciones mínimas para su actual función. También existen otros locales, igualmente inadecuados, en los que la entidad depositó temporariamente documentación. Las consecuencias de tal inadecuación inmobiliaria no residen simplemente en la incomodidad de usuarios y personal: son, en sí mismas, una causa central del deterioro de los materiales. Hace unos diez años, una conservadora de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, Doris Hamburg, hizo llegar a las autoridades, a su pedido, un sustancioso informe sobre las condiciones ambientales del Archivo y los procedimientos de guardado y manipulación de las piezas. Hizo notar, entre otras cosas, que en ningún local de la institución había control de temperatura y humedad, algo imprescindible para la estabilidad de los materiales archivados. Tampoco había filtros para impedir que ingresaran gases y partículas de las calles circundantes, que están entre las de aire más contaminado de la ciudad. Señaló igualmente que se ponen documentos originales en manos del público, incluso aquellos sometidos a un intenso tráfico de consultas, lo que produce su irremediable destrucción.
La cuestión edilicia es una de las que necesitan ser encaradas con urgencia, con la mente clara y con enorme firmeza. No es la única, pero es una de las más importantes. En 1992, el gobierno resolvió trasladar el Archivo al cercano inmueble del antiguo diario Democracia, según un decreto del presidente Menem, pero luego cambió de planes y vendió dicho inmueble. Ahora hay que volver a plantear el asunto y los argumentos del valor comercial de la sede de Leandro Alem podrían estar sugiriendo una fuente de recursos para un nuevo edificio, que no necesita estar en una zona de la ciudad con alto precio de la tierra.
Otro riesgo que conviene tener en cuenta para elegir el director del Archivo es el de equivocar el perfil del candidato que se busca. La tradición ha sido que, cuando no se ponía la entidad en manos de un político, se buscaba un historiador profesional o aficionado. Si sería un grave error hacer lo primero, no sería mucho más acertado tomar el segundo camino. Entiéndase bien: no se está sugiriendo que el director del Archivo no pueda ser un historiador, sino que serlo no es el requisito esencial. La tarea tiene dos dimensiones: una es técnica y se ubica en el campo de la archivística, no de la historia. Es necesario que el nuevo director del Archivo tenga familiaridad con la elaborada tecnología de conservación, catalogación y consulta de una gran variedad de documentos, ya que hoy en día no se trata, como antes, solo de papel escrito: hay fotografías, films, vídeos, documentos digitales, etc. Todos merecen solícito cuidado. Cada categoría presenta distintos problemas técnicos y estos varían según la edad de la pieza. El director de un archivo moderno no puede conocer todas las técnicas de manejo de tan variado material, pero debe tener cierta familiaridad con ellas y la capacidad de dirigir el trabajo de los especialistas específicos.
La segunda dimensión de la labor de un director de archivo nacional es directiva, gerencial y política. Hay que encontrar alguien con la personalidad y la inclinación por asumir, hacia afuera de la institución, un papel de liderato en la sociedad, y hacia adentro, de conducción de un equipo de trabajo. Ambas cosas son difíciles y no son muchos los que saben, pueden y quieren tomar tales responsabilidades, y menos aún los que las ejercen con éxito. Pero eso es exactamente lo que se requiere.
Es necesario recalcar la importancia de la dimensión directiva. El Archivo General de la Nación es mucho más que un depósito de viejos papeles. Es el lugar en que queda documentada la historia de la nación y cuya misión es dar a todos los habitantes del país acceso a ella y a la cultura que produjo. Tal misión se cumple por el camino de recojer, preservar y poner a disposición del público argentino y extranjero interesado los diversos documentos de relevancia (independientemente del soporte o medio en que estén) creados por el gobierno y el sector privado. También es parte de la función de un archivo moderno facilitar a los entes administrativos del Estado el manejo de la información. El director del Archivo es el responsable del cumplimiento de esa compleja misión, y es quien debe gestionar y dirigir la aplicación de los recursos que se requieran poner en juego para lograrlo.
Si se vuelve ahora a la iniciativa del ministro de seleccionar al nuevo director del Archivo y se procuran esbozar unos términos de referencia para realizar la búsqueda, se podrá advertir la necesidad de definir un perfil muy distinto del que muchos imaginan, en el que se enfaticen las capacidades de conducción, la gestión de recursos, la claridad de ideas para concentrar la entidad en su función, la familiaridad con la moderna archivística y también, naturalmente pero en pie de igualdad con los otros requisitos, la inclinación o familiaridad con la historia, entendida esta en forma amplia y no solo como el relato de los acontecimientos políticos.
Quizá fuese interesante que las autoridades obtuvieran alguna asistencia externa para mejor conducir la búsqueda y realizar la elección. En esto resulta interesante el mencionado antecedente de la especialista norteamericana. Varios países han realizado notables progresos en la modernización de sus archivos nacionales, por ejemplo, Canadá y Australia. También España ha hecho un notable esfuerzo con los archivos generales de Indias, de Simanca y de la Corona de Aragón (este inauguró una nueva sede en 1993). De alguno de esos lugares se podría conseguir un consultor experimentado que ayude a encaminar el proceso por la buena senda. También en el mundo académico argentino hay quienes estarían en condiciones de asistir al ministerio del Interior a hacer una buena elección. Y sería también de interés que entre quienes analicen a posibles candidatos hubiese alguien con familiaridad con la conservación fotográfica y con los métodos electrónicos de archivo y catalogado de información.
En síntesis, la acertada decisión del ministro del Interior abre una importante oportunidad de rescatar al Archivo General de la Nación de su vergonzoso deterioro. Hecemos votos para que no resulte desaprovechada.
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